Es tan indudable que existe la economía sumergida como que estamos en crisis. Y existe, entre otras cosas, porque el hambre o la necesidad de la gente son asuntos no negociables. No está el patio para decir que no a un pequeño suplemento dinerario o a jugar con el pan de tus hijos por salvaguardar ciertos principios morales ya en desuso.
Pero la respuesta a esta ominosa actitud no se ha hecho esperar, como si los pequeños chapuceros fueran asesinos o violadores o fumadores.
En vez de perseguir los paraísos fiscales donde colocan sus duros esos opíparos pudientes que son corresponsables o necrófagos de la crisis, en vez de auditar los organismos públicos para sacar los colores a la inmensa mayoría de nuestras instituciones y vestir con rayas a bastantes políticos, en vez de limpiar la roña bajo las lujosas alfombras de la banca y vigilar el vampirismo indecente de las multinacionales, en vez de someter a un test de mínimos a nuestra clase gobernante, en vez de investigar porqué un inútil pariente de alguien puede ganar un potosí por no hacer nada, parece ser que la Hacienda Pública ha recibido instrucciones para detectar y desbaratar la economía sumergida de baja intensidad.
De modo que ya saben. No es fraude esconder millones en Suiza, ni disponer al antojo del dinero público, ni ganar carros y carretas por enchufe o por compañerismo, ni obtener dinero fácil con la compra de bonos basura jugando con los ahorros de la gente, ni perseguir a los buitres e hienas que rondan nuestros casi cadáveres, sólo es fraude cobrar 300 euros de paro y hacer, al mismo tiempo, chapuzas bajo cuerda en la casa del vecino.
Si esto es una forma de delincuencia, yo me declaro públicamente un potencial delincuente.
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